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¿QUÉ ES EL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD?

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¿QUÉ ES EL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD?

Las personas con una discapacidad requieren del reconocimiento de la misma para poder acceder a los recursos y prestaciones sociales, económicas, asistenciales o beneficios fiscales que se encuentran regulados por las administraciones públicas.

De dicho reconocimiento se desprende el “Certificado de Grado de Discapacidad”, documento legal en el que el grado de discapacidad se expresa en un porcentaje entre 0 y 100, si bien la ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca una discapacidad. Cuando se supera el 25%, a este porcentaje se pueden sumar otra puntuación derivada de factores sociales complementarios que puede dificultar la integración social de una persona, es decir, el entorno familiar y la situación laboral, educativa y cultural.

En el dictamen se recogen los informes médicos, psicológicos o sociales necesarios para determinar el grado de discapacidad, que puede ser objeto de revisión siempre que se constate una mejoría razonable, se acredite error de diagnóstico o se produzcan cambios en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la discapacidad.

Las personas residentes en Andalucía que requieran que se realice el diagnóstico y valoración de la discapacidad, así como contar con orientación respecto a ello y obtener el certificado de grado de discapacidad, pueden hacerlo a través de los Centros de Valoración y Orientación de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud y Bienestar Social. El objetivo del reconocimiento del grado de discapacidad es, por tanto, garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorgan los organismos públicos.

BENEFICIOS QUE OTORGA EL CERTIFICADO

Las personas con discapacidad a las que se reconoce un grado superior al 33% cuentan con una serie de beneficios. En el ámbito económico, la ley contempla reducciones en la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para trabajadores con una discapacidad superior al 33%. En concreto, el artículo 58 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, establece que los contribuyentes discapacitados pueden reducir la base imponible en 2.000 euros anuales o en 5.000 euros, "si el grado de minusvalía es igual o superior al 65%”. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a la hora de adquirir un vehículo sólo deben pagar el 4% en lugar del 16%. Además, las personas discapacitadas están exentas de abonar el impuesto de matriculación y de circulación de vehículos.

En cuanto a las prestaciones, los progenitores tienen derecho a percibir una asignación económica por cada hijo o hija menor de 18 años con un 33% o más de discapacidad o mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%. Por su parte, las personas entre 18 y 65 años, con una minusvalía reconocida igual o superior al 65% y que carecen de rentas o ingresos suficientes pueden recibir una pensión no contributiva por invalidez. Por último, se reconocen otras prestaciones de integración social que comprenden un subsidio de movilidad para gastos de transporte -personas mayores de 3 años con una discapacidad igual o superior al 33%- y asistencia sanitaria y farmacéutica -personas con una discapacidad igual o superior al 33% y que no tienen cubierta esta necesidad-.

Otros beneficios hacen referencia a la adquisición de vivienda. Por su parte, las instituciones autonómicas o locales pueden contemplar otras ayudas individuales para la adaptación del hogar o adquisición de ayudas técnicas, así como zonas de aparcamiento reservado o prioridad en el acceso a un empleo.

 

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